El Estado moderno surgió como una instancia superadora a la disgregación del poder, propia de la época medieval, y oponía a la descentralización un proyecto de centralización autoritaria; creaba la totalidad y esa operación aseguraba la continuidad de lo social. Durante buena parte de la modernidad Estado y poder fueron la misma cosa, ya no podemos decir eso, él es uno más de los poderosos. Distintas teorías políticas festejan la aparición de múltiples centros de poder, ven allí una posibilidad liberadora. La crisis política Argentina puede ser leída a partir de un desdibujamiento de la autoridad estatal. En este trabajo analizamos el alejamiento del Estado del centro de la escena política como parte importante de los fenómenos que han propiciado la inestabilidad del sistema.
Indice:
Introducción: La sociedad en contra del Estado
Desarrollo:
1) a Algunas aclaraciones sobre los conceptos de legalidad y legitimidad
1) b Crisis estatales: Las normas y su aplicación
2) a El peor enemigo del Estado es el Estado
2) b La ideología liberal: antiestatal y antipolítica
2) c El menemismo: las ideas liberales popularizadas
2) d Sociedad civil sin interferencia política, un ideal liberal
3) La imposibilidad de pensar lo general
3)a ¿ Qué tiene de general el interés general?
3) b El camino de desautorización del Estado
3) d La desautorización en general a partir de cientos de actos desautorizadores
4) A mi lado sólo veo deslegitimación
4) a Los Argentinos respecto del ajuste hemos llegado a la misma conclusión a la que llega el marido engañado con su mujer infiel: nunca es el último
4)b Inseguridad, ¿jurídica ?
4) c Renegociación de contratos
4) d ¿Acumulo, luego invierto?
4) e El necesario criterio de interés general
5) Deslegitimación por el medio
5) a Clase media: “no somos masa”
5) b El elogio incondicional de la movilización
5) c ¿Una izquierda liberal?
6) Conclusiones
Introducción
La sociedad en contra del Estado
Durante la década de los noventa en Argentina, el Estado y la sociedad cambiaron sustancialmente. El menemismo, en tanto estrategia reformista de gobierno , llevó adelante un programa político que destruyó certezas tradicionales respecto de qué era lo político y de cómo se lo construía. Pero la tarea no se limitó a una pura negación del modelo anterior sino que también se erigió una nueva forma de efectivizar las mediaciones entre la sociedad y el Estado, cambiando ellos también como resultado de lo operado . Poco a poco se fue edificando una certeza política: el Estado tiene poco para ofrecer. Se lo convirtió en el centro de las críticas, nada de lo que se hiciera a través de él estaba bien, era, en sí y para sí, ineficiente. Todo lo que provenía de la sociedad civil (incluimos aquí también al mercado) era bueno y promocionable, todo lo que encaraba el estado era defectuoso y entonces, criticable.
Sin embargo la certeza de que el estado era ineficiente y por tanto, inútil, tuvo distintas repercusiones sociales. Esta convicción fue mucho menos potente en los sectores populares, tradicionales beneficiarios de la acción estatal, que para el sector empresarial, ideológicamente convencido de las bondades de la libre iniciativa de los individuos. De lo anterior podemos deducir un punto central para el desarrollo del presente trabajo, el Menemismo no fue solamente negocios y/o corrupción, se trató de un movimiento político que llegó a alcanzar una victoria ideológica completa . Su éxito ideológico central estribó en convencer a buena parte de la sociedad Argentina de uno de los dogmas primordiales del liberalismo teórico: lo social sólo precisa marginalmente de lo político. En términos dogmáticos, y por lo tanto de fácil comprensión para el ciudadano, se derivó una sentencia como la siguiente, el Estado debe acompañar lo que el mercado decide, nunca contradecirlo, mucho menos intentar controlarlo o introducir en él ideas de justicia redistributiva.
No solamente la convertibilidad indica la victoria ideológica del menemismo: la favorable recepción de la población a la privatización de las empresas públicas, la aceptación gustosa y acrítica de libre disponibilidad de bienes internacionales, el beneplácito de la clase media por la facilidad para realizar viajes al exterior, conformaron, junto con otros elementos, un fenómeno llamado pomposamente por el menemismo “reinserción de Argentina en el mundo” que cosechó no pocos adeptos y que fue uno de los pilares de este movimiento político. Oponerse a la globalización parecía una actitud medieval, la Argentina festejaba ostentosamente su “reingreso” al mundo y el precio que pagaba era el desmantelamiento del Estado y “un poco” de desocupación.
Las nuevas certezas contaron con un enorme apoyo en los medios de comunicación que se alinearon incondicionalmente con las propuestas privatizadoras e internacionalistas. El país creyó en el programa neoliberal, en la “magia” del libre mercado, los llamados “gurúes” económicos eran mucho más escuchados que los políticos, los sindicalistas o los sacerdotes. Si bien Menem era algo bizarro y existían sospechas de corrupción sobre él, la figura de su socio principal, Cavallo, tomó para muchos ribetes épicos: honesto, eficiente y valiente, un héroe que venía a emprenderla contra la “vieja” Argentina del fracaso. Se formó un gran consenso alrededor de las ideas neoliberales, había una lista de verdades autoevidentes, la única discusión era, ajuste con corrupción (el menemismo) o ajuste sin corrupción (los opositores). El país quería hacer buenos negocios, tener mejores servicios y Menem lo hacía posible. Desde los centros de producción ideológica se pedía cada vez menos Estado, que nada entorpeciera las libres iniciativas de los particulares, nadie quería ser subsumido por una estatalidad considerada caduca. El consenso se hizo más profundo y ,en los años de éxito, no es exagerado sostener que el acuerdo viró hacia la idea de Estado ultra-mínimo o vigilante nocturno.
La oposición antimodelo era casi inexistente, por lo menos electoralmente, ya que ¿quién se podría oponer al ingreso de Argentina al “primer mundo”?. La izquierda clásica tuvo que replegarse, factores como la caída del Muro de Berlín y el “éxito” de las ideas neoliberales hicieron sumamente difícil la recepción de las ideas socialistas en la población, socialismo era estatismo, y como señalamos ya nadie quería Estado. No es de extrañar que en este contexto la oposición clásica y los moderados de izquierda hicieran campaña a partir de la idea de corrupción del gobierno pero declarando solemnemente que respetaría la convertibilidad, el modelo.
En los últimos años de Menem apareció, poco a poco, una nueva oposición encarnada en los llamados “piqueteros” El modelo tenía perdedores y ciudades completas del interior del país habían sido notablemente afectadas en la medida en que las empresas del Estado, ahora privatizadas, habían despedido gran cantidad de personal o directamente cerrado la planta. En la izquierda tradicional se produjeron movimientos internos críticos de sus prácticas tradicionales. El resultado parcial fue un aumento de la fragmentación producto de la desconfianza de la militancia a todo tipo de centralismo autoritario y de una crítica al accionar político tradicional, direccionado más hacia la captación de militantes que hacia el trabajo social. Si para la izquierda clásica la consigna era, simplificando, “cuanto peor, mejor”, ahora había toda una generación dispuesta y convencida a realizar una práctica que diez años antes hubiera sido definida como puramente asistencialista. Aparecieron también otras experiencias participativas, más cercanas a lo cultural-social y a la ayuda comunitaria que a la concepción de la vanguardia revolucionaria. Los unía un concepto anclado en el territorialismo –mi barrio es el mundo- y en la unidad de las experiencias de ayuda social –unidad de los que “hacen”- , estas proclamas distanciaban aún más a estos grupos solidarios de las prácticas políticas clásicas. Los conceptos claves de esta multiplicidad de agrupaciones son autonomía y horizontalidad, en su práctica diaria promueven y defienden una independencia amplia de todo centro de poder, mucho más del Estado.
No nos parecen casuales las coincidencias entre la “nueva política”, como elogio de lo múltiple, y el viejo liberalismo, tradicional defensor de la autonomía de la sociedad civil. Creemos que parten de principios dogmáticos similares en la medida en que comparten una concepción del mundo y un mismo espíritu de época. Profundizaremos este tema para intentar ver hasta donde llegan los acuerdos y cuáles serían las diferencias sustanciales, ya que, parece obvio señalarlo, los objetivos de ambas prácticas son distintos. Sin embargo en términos ideológicos comparten el diagnóstico crítico respecto del Estado y, consecuentemente, califican a la globalización como un fenómeno indetenible al que habría que orientar hacia otro lado (en el caso de la nueva izquierda) o profundizar (en el caso de los neoliberales).
Se trata de una nueva fe en la sociedad civil en tanto autónoma del Estado y, como ya hemos señalado, comparten un dogma común respecto de los beneficios de la libre asociación de los individuos.
El objetivo de este trabajo es mostrar lo que se nos ha aparecido luego de la desentronización del Estado y reflexionar sobre cómo pensar una política de carácter emancipatorio a partir de estas nuevas concepciones que privilegian el accionar de la sociedad civil desinteresada y autónoma del estado.
En el siguiente desarrollo daremos cuenta de un accionar deslegitimador de la acción estatal – del propio Estado y de la sociedad civil- que terminó desautorizándolo y desentronizándolo. Analizaremos las consecuencias de este accionar para el sistema democrático en tanto que la inestabilidad se ha erigido en la característica de los gobiernos posteriores a Menem. También relacionaremos alguno de los nuevos fenómenos políticos con el opacamiento de la autoridad estatal, ya que sostenemos que la aparición de lo “nuevo”, se da, de suyo, por la desaparición de lo “viejo”. Menuda paradoja descubriríamos si comprobáramos que en lo nuevo (la “nueva política”) hay demasiado de funcional a lo “más viejo” (liberalismo decimonónico). Por último pretendemos analizar, brevemente, las posibilidades de gestación de una política de carácter emancipatorio y general a partir de las ideas rectoras de la “nueva política”.
1) Desarrollo
1. a
Algunas aclaraciones sobre los conceptos de legalidad y legitimidad
“Hay, pues una relación entre la validez y la efectividad de un orden jurídico; la primera depende, en cierta medida, de la segunda. Se puede representar esta relación como una tensión entre la norma y el hecho, pero para definirla es preciso limitarse a indicar un tope superior y otro inferior, diciendo que la posibilidad de concordancia no debe sobrepasar un máximo ni descender por debajo de un mínimo.”
Los objetos condicionan la relación que los sujetos tienen con ellos y las posibilidades de utilización no son infinitas. Antes bien, en no pocos casos, la existencia del objeto permite contados movimientos al sujeto actuante. Si un hombre está vestido de buzo, es mejor que se sumerja, pues pocos son los movimientos distintos que puede realizar con tal ropaje. El Estado es un objeto una máquina creada por el hombre, su fin, la pacificación dentro de las fronteras por él delimitadas. Está en su “ser en el mundo” el lograr estabilidad y pacificación, sin esos atributos difícilmente cumpla su misión y entonces hablaremos de un “mal” estado.
De la pacificación deriva la estabilidad y ambas conforman la normalidad en el doble sentido de la expresión. Normalidad porque se vive de acuerdo a normas de convivencia dictadas por la autoridad política y normalidad también porque los ciudadanos consideran que viven en una época no excepcional. En una tranquila y apacible vida burguesa para la mayoría de la población está el en sí y para sí del éxito de una gestión estatal. Las crisis políticas, la revoluciones, las conmociones internas, las guerras, las grandes depresiones económicas, son consideradas por los ciudadanos como momentos de excepción que “no deberían haber ocurrido”. Es, únicamente, en esos momentos que los conceptos de legalidad y legitimidad se vuelven de uso común. Una parte, cuantitativamente significativa, y por eso también cualitativamente , del pueblo sostiene que el gobierno no es legítimo y que la legalidad es “injusta”. La dirigencia a cargo del Estado ya no los representa y las leyes que dictan o las medidas que toman son constantemente discutidas. Asistimos entonces a un tiempo de movilización política que, potencialmente, podría terminar con la remoción del personal a cargo del gobierno, e, incluso, con la forma de Estado existente.
Por eso es que para nosotros la legitimidad es, inconfundiblemente, la legalidad vigente consensuada. No utilizamos el par conceptual, como lo hace el liberalismo clásico , para diferenciar entre derecho positivo (legalidad) y un derecho “natural” superior (legitimidad) que serviría para opinar sobre la justicia o injusticia de las leyes positivas vigentes.
El Estado constituye la legalidad, hay leyes y se obedecen; algunas se consideran coherentes con la propia concepción (entonces, buenas, justas), otras equivocadas (por lo tanto malas, injustas), pero todas se respetan porque existe una maquinaria coercitiva que garantiza el efectivo cumplimiento de ellas. La modernidad ha tomado conciencia que se va de la ley positiva a lo justo y no al revés. El criterio de justicia del ciudadano está enmarcado en las leyes vigentes , no remite a derechos distintos de los existentes. Y si bien siempre hay un amplio margen factible de interpretación, tanto de los órganos de justicia como del ciudadano, de lo que se trata es de lograr, precisamente, una coincidencia entre lo que se entiende como espíritu de la ley o de la Constitución, y las nuevas leyes o veredictos.
Nos queda por ver entonces la cuestión de la legitimidad del Estado, o lo que según nuestra idea es lo mismo, verificar si en un estado particular existe en la población un acuerdo mayoritario –aunque no necesariamente general- sobre las leyes vigentes. Sostenemos la necesidad de establecer criterios de legitimidad basados en lo consensual, de carácter numérico (mayorías y minorías) y no derivados de principios que parten de contenidos sustantivos (como el de la propiedad privada o incluso, el de derechos del hombre, etc.).
Se nos podría preguntar ¿Qué ocurre cuando es esgrimida la legitimidad contra la legalidad? Lo único obvio de tal situación es la disconformidad de un sector de la población respecto de la actuación del gobierno a cargo de ese Estado. El consenso positivo sobre las acciones del grupo a cargo del gobierno es la forma más observable de la efectividad gubernamental, tal éxito es la concreción práctica diaria de la legitimidad. Si llegara a ocurrir que un sector numeroso de la ciudadanía esgrime la legitimidad contra el orden normativo vigente (legalidad), estamos ante un momento de crisis Estatal, los alcances de tal situación son, a priori, impredecibles.
1). b
Crisis estatales: Las normas y su aplicación
Resultaba importante aclarar lo que pensamos sobre el par conceptual legalidad-legitimidad para introducir al debate dos tipos ideales de crisis estatal con la intención de aplicarlos a la situación nacional: podemos diferenciar, por lo menos, dos formas distintas de la crisis estatal. La primera, que llamaremos “crisis de la norma”, se produce a partir del crecimiento sostenido de una voluntad política antisistema que propone un Estado distinto del existente. Esto es, un proyecto de nueva legalidad fundamentada en principios diferentes a los que venían sustentando las relaciones sociales. Esta “crisis de la norma” es de las que se producían hasta la década de 1980 cuando partidos políticos antiliberales o anticapitalistas tenían la chance cierta de acceder al poder. En esas voluntades colectivas se condensaba una negación de lo actual, de lo ya construido, pero era mucho más importante la superación de lo estatuido a partir de una nueva legitimidad propuesta y de un nuevo concepto de la organización de lo social.
Otra cosa muy distinta es la situación que acontece cuando un sector significativo de la población le resta legitimidad a la dirigencia política existente sin que por esa acción se verifique una unidad, que no sea la pura negación esa legitimidad. A este tipo de crisis le llamaremos “crisis de aplicación de la norma”. Aquí no se plantea la necesidad de constituir un nuevo orden, sino que amparándose en la legalidad existente se exige y se intenta una aplicación efectiva de principios ya consagrados por la constitución vigente. Todos podemos coincidir en que éste caso es sustancialmente diferente al primero en donde el Estado es discutido por un proyecto de nueva legitimidad política encarnado en una voluntad colectiva organizada.
¿Qué es lo diferente? La “nueva visión” de lo legítimo quiere también ser nueva legalidad cuando se haga cargo del Estado, que de tal manera se ve discutido en sus principios constitutivos. Esta aspiración política es, de suyo, distinta y superior a la que la que pueden tener variadas fuerzas sociales que llegan a un consenso negativo sin poder superar esa fase y sin proponer una nueva legalidad. El “que se vayan todos”, tan repetido en los últimos tiempos, es una consigna acorde con éste último tipo de crisis. Porque surge la pregunta, casi necesariamente, que se vayan todos, pero, ¿qué venga quién o qué? No hay un nuevo sujeto político que reclame su lugar en el espacio público, que diga, “yo no soy nada y debería ser todo” .Aquí, simplemente, en la “crisis de la aplicación de la norma”, se considera que la dirigencia existente es caduca, que no debe continuar, pero allí se agota el acuerdo. Nadie propone una nueva legalidad, es más, antes bien lo que se propone es que se cumplan la constitución y las leyes existentes, que se respeten los derechos consagrados, como el de propiedad, y de ninguna manera se plantea una negación o crítica al contenido sustantivo de la forma estatal.
Pueden producir “crisis de la norma” tanto los proyectos populares de reforma como de cambio revolucionario del Estado. En ambos casos se trata de intentos políticos inspirados en teorías constructivistas de lo social y en valoraciones positivas de la acción y realización por medio del Estado. También podría haber “crisis de la norma”, es decir oposición profunda a la forma estatal, desde teorías no estatalistas y no constructivistas; de hecho se puede estar en contra del Estado por su “ser estado”, ésta es la posición del anarquismo puro. Nos parece conveniente analizar algunos puntos centrales esta vertiente teórica porque el “que se vayan todos” podría ser una consigna de carácter anarquista, sospechamos que no es así, pero vale la pena considerarlo Intentamos establecer una división entre teorías “estatalistas”, que centran su accionar político e ideología en la toma del Estado y en la reforma o revolución a partir de él, y teorías “de la libre socialidad”, que reclaman poco (liberales) o nada (anarquistas) de Estado y consideran viable lograr cambios políticos significativos a partir de la libre asociación de los individuos sin necesidad del Estado.
¿Cuáles son los elementos conceptuales últimos que inspiran el accionar político anarquista? Aunque con variantes el planteo básico es destruir el Estado sin que sea necesaria ninguna construcción posterior. Como muestra prístina de las ambiciones anarquistas traemos al debate el siguiente pensamiento de Errico Malatesta “¿Cómo será organizada la sociedad? No lo sabemos, ni podemos saberlo. Es indudable que nosotros nos hemos ocupado de hacer proyectos de reorganización social, pero les damos sólo una importancia muy relativa. No pueden dejar de ser equivocados, acaso enteramente fantásticos.... por encima de todo nuestra tarea es destruir, destruir todo obstáculo que ahora se presente en el camino del libre desarrollo de la ley social, y también evitar que reaparezcan estos obstáculos, de cualquier forma que sea, o la creación de otros nuevos. Los destinos de la humanidad se cumplirán mediante el funcionamiento libre y fecundo de las leyes naturales de la sociedad.”
Como podemos verificar se trata de terminar con el Estado, cualquier estado, y que se cumpla el destino manifiesto de la humanidad que es puramente social, sujeto a leyes, que conocerían, por supuesto, los propios anarquistas. Lo que queremos poner de manifiesto es que estar en contra de la dirigencia a cargo del Estado, como en la situación de “crisis de aplicación de la norma”, no comporta ninguna acción política sustantiva, a menos que se trate de formulaciones anarquistas que niegan la idea misma de Estado en la medida en que creen en una sociedad organizada sin necesidad de leyes positivas.
Es una sociedad que ya no quiere ser dirigida, que rechaza la idea de centralización propia del Estado–Nación, que se abre a la multiplicidad y que, fundamentalmente, niega la separación entre dirigentes y dirigidos. Si este fuera el ideario político que guía el accionar de los que adhieren al “que se vayan todos”, entonces ya no estaríamos en una situación de “crisis de aplicación de la norma” sino en una “crisis de la norma” inspirada en una pura legitimidad anarquista. En ella no cabría decir nada sobre la legalidad pues, de lo que se trata es, precisamente, de derribarla para ya no establecer ninguna ley y así hacer posible un mundo sin coacción.
Nos parece oportuno, ya que nos extenderemos sobre esto más adelante, recordar que cierto liberalismo extremo y el anarquismo comparten elementos ideológicos centrales, que podemos verificar también en el texto anterior de Malatesta. Ambos postulan una antropología positiva, el hombre es bueno por naturaleza, y comparten también un desprecio ideológico por la idea de autoridad. Consecuentemente además estas dos concepciones coinciden en una confianza ciega en lo natural o espontáneo, o lo que es lo mismo, en una desconfianza absoluta en el constructivismo político. Ya sea la “mano invisible del mercado” o las “leyes naturales del desarrollo social”, nada debe impedir el desenvolvimiento de lo que los hombres “son”. Para ellos lo natural es superior a lo creado, son, en ese sentido profundamente conservadores, pues ¿por qué lo inopinado es mejor que lo opinado?, ¿es acaso mejor, de suyo, una lluvia que una idea humana? Estas creencias también se unen en el desapego por la figura del legislador, las leyes naturales son el límite infranqueable que ninguna positividad, existente o por existir, debería franquear.
Sin embargo creemos junto a Kelsen que de la supuesta “naturaleza de las cosas” nada se puede deducir. La naturaleza no habla por sí, se la hace “hablar” que es cosa muy distinta. Sólo se puede ir de los valores a los hechos ya que no hay hechos puros, en el ámbito político-jurídico nos movemos siempre dentro de la imputación y nunca hacia una verdad que debería ser descubierta. Por eso hemos definido a partir de la relación con las normas los dos tipos de crisis. La “crisis de la norma” pone de manifiesto que lo social como es producto de lo político, sometido a opinión, puede siempre ser distinto en atención a la voluntad de los hombres de una época determinada. La “crisis de aplicación de la norma” da cuenta de un estado diferente del pueblo ya que no se reclaman cambios sino aplicación correcta, o lo que es lo mismo, conservación de lo existente. En la medida en que reclamo con indignación mis ahorros porque se ha avasallado “mi” derecho de propiedad refuerzo absolutamente una “verdad” o “ley social” de nuestra época tal como es la propiedad privada. La justicia no está dada una vez y para siempre, para nosotros lo justo y lo injusto surgen conceptualmente de la lucha política que se da en el marco de una unidad política (un Estado) y en un tiempo histórico preciso; en la resolución de esta cuestión, darle una determinación al concepto de justicia, está la función más importante de la estatalidad.
Si se coincide con nosotros en que los hechos ocurridos a partir del 20 de diciembre no están inspirados en ambiciones anarquistas y que tampoco se trata de una expresión revolucionaria que tiene como objetivo cambiar la forma estatal (crisis de la norma), nos queda entonces lo que llamamos “crisis de aplicación de la norma”.
¿En qué consiste la “crisis de aplicación de la norma”? Evidentemente, no se trata de una crisis profunda del sistema, ni tampoco de que una parte de la población se haya transformado en un colectivo político antisistema, más bien estamos ante reclamos basados en un reflotamiento de la vieja legalidad capitalista que le restan legitimidad a los encargados directos de llevar adelante esa legalidad. El reclamo no es “queremos una nueva ley” sino “cumplan con la ley”, es además un claro límite a la voluntad del Estado soberano, que de tal manera lo es cada vez menos. Si la actual situación política tiene potencialidades transformadoras antisistema, si puede trocar en una “crisis de la norma”, no es un asunto de este trabajo teórico, en realidad, de ningún trabajo teórico pues entendemos que tal potencialidad es un hecho volitivo y valorativo, no el fruto de un análisis. La factibilidad del cambio social, de la revolución, no es uno objeto que se pueda analizar en términos de verdad o falsedad, el discurso que la promueve sólo puede ser juzgado en términos de efectividad, esto es sirve o no sirve.
2) El peor enemigo del Estado es el Estado
2).a
La crisis de aplicación de la norma en la Argentina actual y la ideología liberal
“Un dominio sobre los hombres fundado sobre bases económicas debe aparecer como un terrible engaño precisamente si se mantiene como no político, puesto que en tal caso se despoja de toda responsabilidad y evidencia política.”
En el final del apartado anterior afirmamos la imposibilidad de predecir si la actual situación política Argentina puede derivar en una crisis de la norma. Podemos, no obstante, especificar los elementos centrales del sistema que provocan una disconformidad ciudadana suficiente para encuadrar los hechos en una crisis de aplicación de la norma. ¿Qué es lo que está en crisis? Básicamente el gobierno y la dirigencia existente, no el sistema capitalista y mucho menos la relación de representación. Las demandas sociales se refieren, en ese orden, a: 1) devolución de ahorros, es decir, respeto a la propiedad privada consagrado en nuestra Constitución (en el contexto de desaparición y desprestigio del Estado esta exigencia de que se respete la propiedad privada es una muestra más de la falta de autoridad-). 2) Mejor representación -basta de corrupción y nepotismo- .En los últimos años ha sido un tema principal en los medios de comunicación la difusión de supuestos actos de corrupción de los políticos. También los medios se han interesado profusamente en difundir listas de dirigentes que nombran a familiares y amigos. Independientemente de la verdad o falsedad de estas informaciones, se ha desprestigiado a la dirigencia en general produciendo un amplio efecto descalificador. ¿es que acaso se piensa en terminar con la separación entre dirigentes y dirigidos y establecer un gobierno de asambleas populares? A menos que se postule lo anterior, la crítica a la dirigencia , por el hecho de serlo ,es nada.
3) Igualdad jurídica efectiva en tanto que se ha hecho sentido común entre los ciudadanos que no debería haber una ley distinta para los poderosos y otra para los ciudadanos comunes. 4) A partir de lo dicho en el punto dos surge como evidente este reclamo de una nueva dirigencia.
Se ha extendido una interpretación, incorrecta para nosotros, que señala como un fenómeno de último momento la crítica a los partidos tradicionales. Sin embargo debemos recordar que la aparición de la crítica a la política tradicional existía ya en los primeros años de Menem y se reflejaba en la incorporación de outsaiders de la política provenientes del mundo del espectáculo, de los negocios o del deporte.
Si se coincide con nosotros en que estas son las demandas principales de la sociedad posterior al 20 de diciembre también se deberá acordar que se trata de reformas modestas que un Estado creíble, con autoridad, podría encarar. Estos mínimos cambios no comportan una crisis de la norma en donde el “ser” mismo del estado este comprometido. Sin embargo -y este será el próximo tema que desarrollaremos- el Estado ha perdido autoridad, no sólo la dirigencia política a cargo, ya no se cree en él, y esto es fruto de más de diez años de prédica antiestatal llevada adelante, paradójicamente, desde el propio Estado. Que los empresarios, penetrados por la ideología neoliberal, critiquen al Estado parece coherente; que la clase media confíe en las bondades de las privatizaciones y en todo lo que significó el discurso menemista, indica una clara victoria ideológica; pero que la misma dirigencia política haya llevado adelante una práctica y un discurso antiestatal, haciendo hincapié en la supuesta ineficiencia y corrupción inherentes a toda acción estatal, es sencillamente, insensato y abonó el terreno para llegar a la actual situación.
2) b
La ideología liberal: antiestatal y antipolítica
“Si se confunde al Estado con la Sociedad Civil y su determinación se pone en la seguridad y la protección de la propiedad y libertad personal, se hace del interés del interés de los individuos como tales, el fin último en el cual se unifican; y en ese caso, ser miembro del Estado cae dentro del capricho individual.”
El Estado, desde su nacimiento, ha representado lo general, una instancia distinta y cualitativamente superior a la permanente lucha entre intereses grupales característicos de la sociedad civil. El estado-nación moderno, pacificador por excelencia, terminó con los señores de la guerra medievales y concluyó con la dialéctica de las bandas, caracterizada por la búsqueda de legitimidad interna y la autoafirmación grupal. Es que inmersos en el grupo sus integrantes buscan parecerse a sí mismos y se crece, o se escalan posiciones, dentro de la asociación siendo el más extremista en cuanto a respetar y promover los propios valores. Con la aparición de la dimensión nacional el grupo se encuentra con valores de mayor alcance que pasan a ser los principales. Si la asociación quiere sobrevivir tiene que ingresar en lo social y abandonar la propia convicción para someterse y dialogar dentro de una valoración de carácter general. Con la entronización del Estado la multiplicidad propia de la edad media desapareció, no porque ya no hubiera más grupos, sino más bien porque banalizó su importancia en la medida en que todos comprendieron que la condición de posibilidad de su existencia, era, justamente, la existencia del Estado. Esto ocurría dentro de un contexto en donde no existía un espacio público común regido por una legalidad y proveedor de una legitimidad general, ésta fue una de las primordiales funciones de la estatalidad naciente: la creación de un espacio público general.
Es oportuno recordar que una de las primeras medidas que toman los Estados-Nación nacientes es establecer un sistema común de pesos y medidas. Todos los bienes existentes pesados y medidos por un concepto común, todas la acciones de los hombres juzgadas por una ley común positiva; lo mucho y lo poco, lo justo y lo injusto ya no sometidos al arbitrio individual sino a una consideración general externa. La existencia del Estado puede estar justificada de muchas maneras, pero, si no las hubiera hoy, el hecho básico de que es el parámetro de todos los parámetros lo hace nuevamente necesario.
Como lo venimos sosteniendo el Estado-Nación surge como superación del particularismo medieval en donde el poder estaba difuminado en distintas bandas con líderes que estaban siempre avocados en reafirmar su liderazgo interno y en impedir el establecimiento de una autoridad centralizada. El Estado concreta un monopolio y hasta el liberalismo de mercado, enemigo teórico de los monopolios, reconoce, al menos, la existencia de ese monopolio legítimo: el que tiene el Estado sobre la coacción física. El mantenimiento de la seguridad interna tiene un costo, allí aparecen los impuestos. En su desarrollo, el Estado se ha ido cargando de nuevas funciones como la salud o la educación, lo que ha significado, más impuestos. Para concretar estas “nuevas” tareas el Estado avanzó sobre la propiedad privada individual nuevamente y el liberalismo se empezó a preguntar si era realmente necesario que el estado asegurara salud y educación para todos los habitantes de una nación. Algunos teóricos liberales de peso, de distintas épocas, como Bastiat o Von Hayek respondieron que no era necesario ni deseable que el Estado ampliara funciones.
El Estado, sobre todo a partir del voto universal, vive del consenso, es una maquinaria cuyo combustible son los votos, ¿cómo lograrlos, si los sectores más numerosos de la población permanecían ajenos al acceso a bienes? La política empezó a “afectar”el libre juego de la oferta y la demanda, interviniendo cada vez más en el mercado, desde allí, por lo menos, podemos fechar una tensión constante entre Estado y propiedad. A partir del nacimiento de las ideologías populares la contradicción entre el discurso liberal o neoliberal y el Estado, preocupado en el bienestar general, es evidente. El liberalismo niega que exista algo llamado interés general, sólo hay intereses particulares. Pretende una distinción taxativa entre beneficencia y bienestar social, y a cualquier legislación protectiva del desfavorecido por el sistema, le llama, despectivamente, populismo. Intentar satisfacer las necesidades mínimas de los ciudadanos es populismo, o lo que es lo mismo, hacer política es populismo, en esta cuestión no podemos menos que coincidir con Ernesto Laclau, cuando sostiene que toda política es, en realidad, populismo .
¿Qué significa esta tensión en realidad? Parece claro que los poderosos no quieren pagar impuestos, la única función del estado que están dispuestos a solventar, vía impuestos o privadamente, es la represiva.
En este apartado hemos dado cuenta de una tensión entre Estado y propiedad, que nos parece paralela a la que también existe entre política, como decisión opuesta a la acción espontánea de los hombres y que es también parangonable a la idea de una “pura socialidad”. Lo político es creación humana y a esto se le opone la existencia de leyes naturales de la humanidad, o acciones espontáneas, que no deberían ser trabadas por el Estado. El Mercado es también creación política pero argumentativamente, desde el liberalismo, se lo piensa como inopinado, fruto de lo accidental y no de la acción voluntaria.
El elemento central para ordenar la discusión con el liberalismo es rechazar la oposición entre mercado y Estado y la concatenación cronológica entre ellos. Primero fue el estado-nación, luego fue el mercado nacional, éste se hace posible precisamente porque hay un estado que garantiza su continuidad en el tiempo. Sin embargo las ideas liberales, por mucho tiempo antipopulares tuvieron en Menem un difusor carismático que convenció a un número importantísimo de gente. Nuestra hipótesis central sostiene que la causa central de la desautorización del Estado, que también llamamos desaparición, es fruto del triunfo de la ideología liberal y que la entera sociedad Argentina piensa lo político a partir de estos parámetros. Desde ese punto de vista se hacen entendibles los fenómenos ocurridos a partir del 20 de diciembre y las acciones políticas que llevan a cabo los encargados de la actual administración del Estado y las fuerzas opositoras. El “que se vayan todos” es, en origen y proyección, liberal; la autogestión y la desconfianza al Estado promovida por gran cantidad de organizaciones sociales pretendidamente opositoras, son también liberales, Los mismo podemos afirmar de las concepciones políticas de la izquierda argentina del momento y de las agrupaciones de la llamada “nueva política”. Queremos finalmente sostener que creemos que cualquier política posible de carácter emancipatorio, relacionada con los que llamamos “crisis de la norma”, es posible sólo a partir y por medio del Estado. La multiplicidad existente no puede ser festejada seriamente en tanto da cuenta de una imposibilidad de pensar lo general y no de una potencialidad política infinita.
2).c
El menemismo: las ideas liberales popularizadas
Todo Estado y también toda constitución tienen una razón de ser, una “última ratio”, o principio no necesariamente explicitado que es su contenido sustantivo. Hay un acuerdo generalizado en identificar a la propiedad privada como el sustento de cualquier régimen capitalista. Sin embargo el respeto a la propiedad no ocurre, por así decir, en forma puramente económica. Pensemos en las grandes crisis económicas como las hiperinflaciones que se resuelven en general con el sacrificio de unos y el beneficio de otros. Estos resultados, ¿son únicamente establecidos a partir de la lógica del mercado? Creemos que no, pues se trata de una decisión política sobre quien será el sacrificado, se decide cual será el sector social que vera modificado negativamente su patrimonio. La economía ya no responde a una lógica propia, la del mercado, sino que es una decisión de política económica la que reasigna recursos modificando la distribución.
También en otras situaciones de emergencia el Estado no puede menos que ir contra la propiedad individual pues está en juego su supervivencia, nos referimos a los casos de “crisis de norma”, o también de guerras o de catástrofes naturales. El Estado capitalista en esos momentos es más Estado que capitalista, priva la lógica de lo político por sobre lo económico, nuevamente la economía se “decide” desde un escritorio y no se deja librada a la oferta y la demanda.
Los hechos sucedidos a partir del 20 de diciembre, que comportan un pico en la crisis de credibilidad en la dirigencia, tienen como origen y causa un avance del Estado sobre la propiedad privada individual. Pero, ¿por qué la “confiscación” de ahorros ha tenido un efecto tal como no han tenido otras confiscaciones históricas hasta de mayor rango? El éxito ideológico del Menemismo y los 10 años de discurso neoliberal propiciaron que la creencia en la propiedad como un derecho absoluto se instalara entre los Argentinos. Otra demostración de éxito ideológico, dependiente del anterior, fue la bancarización de la población, se convenció a la gente de los beneficios y de la eficiencia que comportaba operar con bancos. El débito automático, las tarjetas de crédito y de débito, las cuentas corrientes, todos estos servicios bancarios eran promovidos como una forma más de insertarse en el mundo. La tradicional y racional desconfianza que significaban los ahorros bajo el colchón fue reemplazada por una confianza en el prestigio de cada una de las entidades bancarias, mientras más antigua y multinacional fuera una institución, más se confiaba en ella. Después de semejante promoción del ahorro bancarizado y desde la convicción liberal sobre lo absoluto del derecho de propiedad se hace perfectamente entendible la reacción de la clase media. Lo que estamos refiriendo es que el concepto “confiscación” no pertenece necesariamente al lenguaje de la teoría económica. La gente es convencida, y tal operación es puramente político-jurídica, de que ha sido confiscada, de que aquello que era “suyo” le fue robado, pero esta operación ideológica sólo fue posible dentro del preciso contexto de impotencia política cristalizado en la conducción inerte y vacilante de Fernando de La Rúa.
Algunos optimistas de la movilización espontánea de la clase media afirman vehementemente que a De la Rúa lo sacó la “gente”. Podemos convenir, pero deberían reconocer que era un gobierno que no podía menos que caerse, puesto que desde tiempo atrás había perdido todo su capital político, en esas condiciones de inexistencia de apoyo popular la caída de De la Rúa era simplemente, cuestión de tiempo. Para que comparemos someramente los contextos e ideologías diferentes, y sobre todo la cuestión central del apoyo político popular, sirve recordar que en los diez años del primer gobierno peronista se llevó a cabo una confiscación aun mayor con la propiedad de los agropecuarios. La repercusión negativa en el sector en modo alguno significó un problema insuperable para el sistema político que se prolongó durante años, mientras duró su capital político. Con esto queremos establecer que no cualquier movilización termina con un gobierno, y que el argumento de la confiscación, es sólo eso, una argumentación y no la razón fundamental de la caída de De a Rúa. Diez años de desautorización del Estado y de la política sumados a la cristalización de las ideas neoliberales como sentido común posibilitaron que una movilización terminara con un gobierno que no podía imponer orden ni siquiera en su frente interno, ¿cómo haría para ordenar el país?.
2.d
Sociedad Civil sin interferencia política, un ideal liberal
Desde la recuperación democrática el Estado ha ido perdiendo poder y hemos asistido en los últimos diez años en Argentina a un verdadero procesos de medievalización en donde el Estado es concebido como una instancia más de poder, un “ primus inter. pares”. La expresión “Sociedad Civil” sólo tiene sentido en oposición a un Estado fuerte, si no se la coloca en relación pierde sentido ya que en realidad da cuenta de una multiplicidad de grupos distintos que sólo desde el Estado pueden verse como una unidad. En una hipotética eliminación del Estado ya no hay sociedad civil, existen, simplemente, grupos. Mientras más fuerza y autoridad tiene el Estado más sentido cobra el concepto de sociedad civil en tanto unidad de intereses distintos, mientras más débil es el estado más propicia es la situación para que se desarme el concepto de sociedad civil y aparezca en toda su realidad la multiplicidad grupal. Es desde la anterior certeza que distintas teorías políticas festejan la multiplicidad y promueven la desentronización del Estado-Nación como actor principal de la escena política. Queda claro entonces que esta desaparición del Estado puede ser vista en forma crítica (como lo hacemos nosotros) o como un fenómeno a promover y profundizar. De todas maneras sería un acto de honestidad teórica, de parte de los que festejan la desentronización del estado, reconocer que la multiplicidad de grupos opuestos a una autoridad central débil no es algo nuevo sino premoderno, ya lo ubiquemos en el medievalismo, o, aún antes, en la época del Imperio Romano.
En la Argentina el Estado dio origen a lo social, podemos verificar una coincidencia generalizada en atribuir al Estado el origen del mercado en el proceso llamado “integración argentina al mercado mundial”. El estado Argentino fue siempre el centro de la escena política y en diversas épocas, y con distintos contenidos, llevó adelante el “interés general”. El Menemismo consiguió convencer a una significativa cantidad de los ciudadanos que el “interés general” era más mercado y menos Estado, lo privado era, de suyo, mejor que lo estatal. Si concebimos al Estado como el único realizador posible interés general, porque supera la multiplicidad de intereses grupales, podemos ver lo paradójico que es postular como interés general la destrucción de su único realizador. Esto es lo mismo que sostener: “el interés general es que no sea posible concebir un interés general”. El estado se puso en un mismo plano que los grupos de interés y negoció su propia destrucción, lo estatal era ineficiente por definición y los políticos eran corruptos: ¿para qué entonces tener un Estado y políticos a cargo de él? Nuestra afirmación de que la clase política llevo a cabo un suicidio se entiende a la luz de esta última pregunta que se instaló en la gente y todavía no encuentra una respuesta satisfactoria?
3) La imposibilidad de pensar lo general
3) a¿ Qué tiene de general el “interés general?
Todo estado “crea” sus ricos. La versión más básica del liberalismo sostiene un argumento sobre el origen de la riqueza como el siguiente: en ciertas condiciones que podríamos llamar azarosas una persona con capacidad para los negocios encuentra un nicho de mercado y se convierte en rico . El capitalismo, tan afecto a leyendas y héroes de los negocios, podría dar como ejemplo epitómico del proceder anterior a Bill Gates. Sin embargo las cosas son bien diferentes y muchos más contextualizadas. Sostenemos más arriba que todo Estado crea sus ricos. Esto está en directa relación con el concepto de “interés general”, efectivamente si creemos que el interés general es igual a la suma de los intereses individuales de todos, nos equivocamos, esta forma de buscar el concepto es falsa. Lo que ocurre de común es que un grupo o alianza social “toma” el Estado e impone “su” interés particular como general. Se verifica un acto de imposición política que mal puede ser juzgado en términos de moralidad (bueno o malo) o en términos de racionalidad estrechamente económica (conveniente o inconveniente), se puede juzgar en términos de legitimidad y eficacia (funciona o no funciona).
En la década del cuarenta, en nuestro país, es posible que fuera más racional y hasta más justo que el sector agropecuario continuara siendo el sector dirigente del Estado. Sin embargo la alianza entre medianos empresarios, ejército y obreros se impuso y convirtió su acuerdo en interés general. Todos ellos igualmente capitalistas, los perdedores y los ganadores, lo que demuestra una vez más que los intereses de los capitalistas no son unívocos, salvo en momentos excepcionales en donde la continuidad del sistema está en riesgo. En tiempos de normalidad las disputas sectoriales son constantes y pueden llevar a una situación de riesgo si no son saldadas las diferencias, allí ocupa un lugar central el Estado.
El Estado posterior a la salida de Menem no ha podido saldar las diferencias entre las clases dirigentes, se trata claramente de una crisis de hegemonía. El Estado no ha podido asegurar la continuidad del “seguir haciendo ricos a costa del Estado”, porque, y esta es la idea central que debería ser eliminada de la crítica, todo rico se convierte en tal porque el Estado lo permite y promueve. Enriquecerse a costa del Estado es algo obvio, no una crítica, y el que descubre eso, descubre la humedad del agua.
En realidad promover la crítica a los que se “enriquecen a costa del estado”, sobre todo si esta proviene de un pensamiento de izquierda, indica simplemente confusión mental en la cabeza del crítico. Es, todavía más, una muestra palmaria de haber aceptado los postulados del liberalismo más teórico, que como dijimos plantea situaciones ideales en donde la riqueza es fruto del azar y de la creatividad individual. No existe el éxito económico “puro” en el mercado, sin Estado no hay mercado, ni riqueza, ni, como comprobamos en la actualidad, socialidad pacífica.
La hipótesis que estamos componiendo, y que habíamos anunciado en el final del apartado2 b, nos muestra que existe un espíritu de época y que tal espíritu es liberal, porque se toma en serio la idea de libre mercado y tanto los promotores como muchos de los declamados opositores, son, pues, liberales o funcionales al liberalismo. Su dogma compartido parece decir: la sociedad ya no quiere Estado, con la mera unidad social se alcanzará la utopía de la libertad. Todos ellos son antiautoridad, consideran que la verdad (leyes naturales de lo social) es la que hace la ley.. De allí que no sorprenda que sostengan a la verdad como una categoría central de lo político, habría un orden social espontáneo y por lo tanto verdadero, y que rechacen el poder como algo que no debería ser tomado sino que lo justo y bueno sería, nada más y nada menos, la competencia por el poder a partir de la aparición de múltiples micropoderes. Si esto no es liberalismo del más teórico y genuino, bueno, entonces se trata por lo menos de una manera liberal de entender el mundo.
3) b
El camino de desautorización del estado
“En aquel tiempo no había rey en Israel, sino cada cual hacía lo que mejor le parecía “
Jueces, 17
Ahora realizaremos un breve recorrido que intenta dar cuenta de las bases profundas de este proceso de deslegitimación del Estado y de la dirigencia política. Pero está claro que para nosotros es más significativo en este proceso de deslegitimación la adopción del discurso neoliberal que las acciones de gobierno, acertadas o no, concretadas por la dirigencia.
Sobre todo en el periodo que abarca los últimos cuatro años de Menem y la presidencia de De la Rúa el estado entro en una fase terminal de desautorización. Los grupos económicos aceleraron un accionar completamente deslegitimador de la autoridad del Estado. Si en la República de Weimar los militares y la derecha condicionaron al gobierno sosteniendo que sólo apoyarían la gestión si los políticos seguían la “vía alemana”, los empresarios de peso han condicionado su apoyo a que los políticos argentinos sigan la vía del “capitalismo racional” o “la voz de los mercados” .O lo que es idéntico, expresaban que sólo apoyarían medidas económicas funcionales a sus intereses, incluso, sugeridas, o, directamente, dictadas por ellos. Se vislumbraba para toda la sociedad como claro que no estaban preparados para hacer sacrificios de orden “económico-corporativo” . No estaban dispuestos a ceder nada, ni siquiera a pagar impuestos, el déficit fiscal era el gran enemigo de la sociedad y había que combatirlo sin importar los costos. El gobierno con sus gastos innecesarios, y no la evasión de impuestos, era la razón de la recesión económica. Tanto es así que los más extremistas, en las posiciones liberales, planteaban como algo posible y deseable el cerrar provincias definidas como “inviables”. Incluso avanzaban hacia lo estrictamente político y proclamaban como necesaria una reforma de la Constitución que limitara sustancialmente la cantidad de cargos electivos. Impusieron a una dirigencia política pasiva e inerte un contenido para el concepto vacío de interés general, que, a no dudarlo, coincidía con sus propios intereses. Irónicamente podemos sintetizar su ideario en una frase que diría más o menos así: “amar mi empresa es la forma excelsa de amar a la patria”.
Sin embargo en este juego de presiones olvidaron que ellos mismos no siempre conforman un bloque homogéneo sino que, en verdad, son, en ciertos contextos, también una multiplicidad de grupos contrapuestos.
Los empresarios suscriben al capitalismo en general, abstractamente, es decir defienden la posibilidad de hacer negocios. Pero, increíblemente, obviaban, o actuaban como si lo ignoraran, que el “hacer negocios” es simplemente una conceptualización. En la realidad lo que existe es algo mucho más determinado, existe este o aquel negocio, mi producción se orienta al mercado interno o al externo; soy productor agropecuario o de bienes de capital, es banal pretender que alguien orienta su accionar en algo tan indeterminado como los “buenos negocios”, por eso decimos que no existe un tal objeto llamado “capitalismo en general”. A modo de ejemplo recordemos las pujas que se han dado en la historia entre mercadointernistas y exportadores o entre productores de materias primas contra fabricantes de bienes finales. En varios períodos históricos el Estado logró imponerse a los intereses particulares y “establecer” un interés general, que no es otra cosa que una alianza de intereses de grupo impuesta, vía Estado, al resto de la población. Destruyendo el Estado, ¿cómo sería posible volver a reconstituir un tal interés general?
¿Pretendían, acaso, una conciliación total de intereses que atendiera a todas y cada una de las demandas grupales que no significara una imposición y, que fuera ventajosa para “toda” la sociedad? , y todo esto, además, ¡sin el Estado¡ Nos parece que esta nunca fue la pretensión, si lo hubiera sido, es verdaderamente, descabellada.
Lo que sucedió en realidad fue que la falta de autoridad de la dirigencia permitió que en los últimos tiempos el Estado se viera sometido a las presiones más diversas de grupos económicos o sociales con intereses distintos y en algún punto, contradictorios. El poder económico planteó la antinomia mercados o populismo, y populismo, es en realidad la condición de toda política. Los mercados, obviamente, no eran uno y la crisis los llevó por distintos caminos.
Lo que demuestran la imposición del corralito y luego la caída de la convertibilidad es que cada grupo no puede aspirar a desplegar y objetivizar totalmente sus intereses, a riesgo de lograr una victoria pírrica. Han olvidado que el estado es el único capitalista en general que puede proteger la existencia de los capitalistas individuales.
3) d
La desautorización en general a partir de cientos de actos desautorizadores
Los ejemplos son abrumadores, el proceso del que damos cuenta convirtió al Estado en un verdadero “comité de gestión”, ¡pero no había una sola fracción de la burguesía, sino varias ¡ entonces la ley no podía menos que mostrar las contradicciones existentes. Cada grupo económico en particular presionó sobre los políticos consiguiendo reformas legales, a veces, contradictorias con la legislación vigente, o con los intereses de grupos económicos rivales.
Reflexionemos a partir de los siguientes ejemplos, buscando casos particulares de desautorización. El consorcio Socma, poderoso grupo empresarial del país, decidió desconocer contratos firmados y suspender el pago del canon por el correo Argentino. El gobierno los reprendió severamente, aunque todavía hoy siguen sin pagar. Las empresas concesionarias de las autopistas desconocieron también las rebajas, dispuestas por el gobierno de De la Rúa, a los peajes en rutas nacionales y provinciales, y en la actualidad el gobierno de Duhalde las subsidia. Dos administraciones y un factor común: la falta total de autoridad. El grupo Eunekian, concesionario de los aeropuertos, hace tiempo se declaró en mora unilateral respecto del canon correspondiente y todavía continúa en esta posición “rebelde”. Gracias a este “ahorro” permitido por el Estado Nacional, el grupo realiza exitosas inversiones en aeropuertos privatizados de la ex Unión Soviética. No pagarle al gobierno ha generado gran cantidad de puestos de trabajo, ¡en Armenia¡, he aquí una muestra de la globalización en su máxima expresión.
La empresa estatal española, concesionaria de Aerolíneas Argentinas, también amenazó en similares términos a las últimas administraciones del Estado, de hecho se llevó a cabo un vaciamiento de la aerolínea de bandera, finalmente la empresa se salvó a partir de la lucha y la participación efectiva de los trabajadores.. Las empresas telefónicas amenazaron una y otra vez al gobierno con dejar de prestar el servicio en áreas definidas como “no rentables”, si no se revisaba la ley de desregulación telefónica
Podríamos seguir enumerando casos en donde actores económicos colectivos y/o individuales deciden desconocer la soberanía del gobierno y la legalidad en virtud de un nuevo derecho –fáctico no positivo- que podríamos llamar, provisionalmente, “derecho ilimitado de revisión e interpretación de las leyes y contratos vigentes”. ¿Cuál es el fundamento de este nuevo derecho? El único fundamento racional es el poder de presión de estos grupos, se trata de un acto de fuerza con una amenaza implícita, pero esto lo desarrollaremos más adelante.
Este nuevo derecho, no escrito, parece que se ha hecho sentido común entre los grandes empresarios lo que significa simplemente que las leyes del estado se han convertido para ellos más en una sugerencia que en una orden, a veces en un simple consejo. Situación de clara desigualdad, de la que hemos hablado como un factor de deslegitimación importante, en tanto que los poderosos económicos tienen libertad total para cometer delitos, esto es desconocer las leyes vigentes. Esta libertad nunca ha sido extendida al resto de las personas que siguen actuando de acuerdo a leyes tan “viejas” y “estables” como la que castigan el robo o la estafa. Para deslegitimar aun más al Estado el Poder Judicial ha emitido fallos no equitativos de carácter clasista y desde el poder político se ha intentado delictualizar la pobreza en general y a las organizaciones populares en particular. Nos referimos, por ejemplo, a que parece desmesurado, por sus efectos concientizadores, que la justicia condene a prisión a una maestra que participa en un corte de ruta y que actúe pasivamente ante la actitud constante del empresariado en ignorar la legislación vigente.
No debería pasar desapercibido que democracia es la consagración del número , y significa una transformación de la cantidad en calidad. Hablamos anteriormente de la contradicción en que incurren los liberales cuando hablan de populismo despectivamente. Una democracia consecuente debe ser populista y la política misma es populista. Se trata de aunar voluntades y después sumar, el proyecto más votado es el que tiene a cargo la dirección del estado. Gobernar es satisfacer, en un grado suficiente, los deseos de la mayoría. El menemismo en algún momento realizó aspiraciones de la mayoría, pero conceptualmente, por ser una vertiente del liberalismo, estaba condenado a ser antipopular. El país que quedó después que Menem realizó su proyecto era un país para pocos.
A pesar del descrédito en que cayó el discurso neoliberal, sobre todo porque fue incapaz de ampliar el acceso a bienes de la mayoría, la clase dirigente (empresarial y política) siguió proponiendo las políticas de ajuste como solución a la recesión económica. Durante el gobierno de De la Rúa fue evidente la contradicción entre las políticas de ajuste y los deseos de la gente. Los mercados impusieron su lógica y le reclamaban al presidente que no cediera al “populismo”, postulaban, como siempre, que ordenando la economía en la forma más clásica saldríamos prontamente adelante.
La democracia es el “reino” del número, cualquier gobierno que plantee una verdad superior al número, por ejemplo el mercado, es, por sí, antidemocrático. Este carácter antidemocrático del neoliberalismo fue lo que quedó palmariamente demostrado en los últimos años. La gente quería algo distinto de lo que el neoliberalismo prometía y la dirigencia política al quedar atrapada en la ideología neoliberal perdió toda legitimidad.
Se hizo visible la tensión siempre presente entre liberalismo y democracia. Los últimos ajustes económicos fueron saludados por los mercados y por los organismos internacionales de crédito y resistidos por parte del pueblo, ¿acaso se pensó que esta tensión se podría mantener eternamente? Demás esta decir que si contabilizamos a la asociación de bancos y a todos los mercados posibles no llegan a ser, generosamente, más de 10000 personas, cantidad que si el sindicato de estatales se propone supera en un solo día de convocatoria. ¡ Extraña democracia en la que vivimos en donde se impone la minoría sobre la mayoría ¡, sólo hay dos respuestas posibles: a) estamos hablando de que el pueblo no reconoce lo que es bueno para sí mismo (el ajuste perpetuo) y los mercados, minoritarios al fin, encarnan, a la manera jacobina, una dictadura educativa hasta que el pueblo comprenda, o, b) hay una nueva forma de gobierno donde los ricos gobiernan para sí mismos y el gobierno, ratificador e inoperante, espera que la teoría económica del derrame de la riqueza, finalmente -mágicamente- se haga realidad. Nos parece que la verdad está más cerca de la segunda respuesta, en la primera hay bastante ironía, y por eso calificaremos a la actual forma de la democracia argentina como “democracia ratificadora de los mercados”.
4)
4).a
Los Argentinos respecto del ajuste hemos llegado a la misma conclusión a la que llega el marido engañado con su mujer infiel: nunca es el último
La derrota del Menemismo y la caída de De la Rúa traen como corolario que confundir estado y mercado termina con el sentido de los actos eleccionarios. Si política es populismo, porque en distintos grados posibles se trata de satisfacer al pueblo, es también una entidad imposible de calificar en términos de verdad o mentira. Nada más antipolítico que postular, como el liberalismo argentino:” no hay que mentirle a la gente, no se pueden hacer milagros, lo único que nos espera es otro ajuste”. Desde Maquiavelo sabemos que la verdad no es una categoría política, porque política es también prometer, política verdad es decir: lo único posible es el ajuste. Sería sumamente extraño que un discurso político si quiere tener peso preelectoral nada prometiera, que su mensaje fuera no hay nada que hacer, no tenemos futuro. Es más extraño aún que luego de conseguido el gobierno los políticos comprueben que efectivamente, lo único que se puede hacer es seguir con el ajuste.
Si lo anterior es cierto, parece obvio preguntarse por el sentido del acto de votar, ya que habría que interrogarse necesariamente: ¿qué elige él que elige?, es acaso un mandato completamente en blanco, un “haga lo que usted y su camarilla consideren conveniente para mí” y si es así ¿esto esta convenientemente expresado en las campañas y programas electorales? Las elecciones entendidas como una simple ratificación de sucesivos ajustes comportan convocar a la gente para un acto gimnástico, un acto que se realiza pero que no tiene ninguna significación más que el hacerlo. Un programa de ajuste con despidos y rebajas de sueldos, ¿puede ser lo conveniente para el despedido y el rebajado?, realmente debería ser un gran argumentador el que defendiera esta posición. Sin embargo este convencimiento fue logrado por el menemismo y da buena cuanta de la profundidad de su victoria ideológica, porque el éxito en los comicios es “la” muestra de la victoria ideológica, del “peso de las opiniones de pocos”. . No era raro escuchar, en la época de auge menemista, a un ex.empleado de ENTEL pontificar sobre las bondades de las privatizaciones. Si nuestra argumentación central es que la ideología liberal se transformó en el sentido común de opositores y oficialistas en la Argentina actual, buena parte de nuestro trabajo adquiere sentido sólo si logramos desandar el lenguaje puramente económico del liberalismo y lo mostramos en su total politicidad.
Veamos: Los economistas se manejan, como lo han hecho desde hace 200 años, con términos que intentan, con singular éxito, ser despolitizados y despojados de su carácter polémico. Hay una remisión constante a la técnica y a la ciencia económica, cuando no a la esfera del derecho. Examinemos sólo tres conceptos básicos del nuevo vocabulario, que en realidad poco tiene de “nuevo” y que se han convertido en sentido común: a) Inseguridad jurídica. b) renegociación de contratos y c) Primero acumulación, luego inversión y por último empleo.
4) b
Inseguridad, ¿Jurídica?
En los últimos diez años en nuestro país, en el ámbito del derecho laboral, se ha impuesto, contra toda una corriente histórica que sostiene la estabilidad de la ley como un valor supremo, un principio de movimiento: efectivamente ya no hay derechos adquiridos, lo que produce que el artículo 14 bis suene, por así decirlo, entre cómico e irónico. Dejamos a consideración del lector lo que significa que un artículo de la ley fundamental suene así. Tanta es la movilidad en esta cuestión que hemos conocido 4 o 5 reformas laborales, todas ellas enfocadas en la cuestión de la flexibilidad laboral, o lo que es lo mismo, en la conclusión de toda legislación protectiva del trabajador. La estabilidad laboral y la protección del trabajador, se argumenta desde el campo neoliberal, son un freno a la contratación masiva y frenan la generación de empleo. Todas ellas partían del principio que sostiene: trabajo precario significa más trabajo. No es necesario ser el rey de la observación ni un obstinado opositor ideológico para verificar que tal principio, en los últimos diez años, no se ha cumplido.
También se ha terminado con un axioma básico del derecho laboral que consagra una desigualdad justa, propia de la democracia en favor de los trabajadores: ellos son numéricamente más aunque con menor capacidad de negociación y presión individual, de allí que la legislación del trabajo presupone que el empresario, mas fuerte en capacidad de negociación, debe ser controlado, cuando no atenazado. Este axioma realista, ha sido reemplazado por una visión teórica más afín al liberalismo de mercado: en el mercado (y el mercado de trabajo es un mercado más donde reina la oferta y la demanda) hay libre concurrencia y todos tenemos la misma capacidad de negociación. De tal aserto surgiría como factible que cualquier potencial trabajador se sentara ante Macri y le dijera “no trabajo por menos de 2000 pesos por mes” y ante la contraoferta de 200, sintiéndose disconforme, permaneciera fuera del mercado hasta tanto subiera el nivel de los salarios. Todos sabemos que las cosas no funcionan así, sin embargo, al actuar dentro del marco de la Teoría del mercado libre parece que con esos módulos se analizara la realidad. Eso también es parte de la victoria ideológica de la que venimos dando cuenta.
Los enormes cambios de la legislación laboral no han creado, según parece, inseguridad jurídica en los trabajadores, en cambio la modificación de una coma de los contratos con las empresas privatizadas, si es a favor del gobierno o del pueblo, generaría un torrente de inseguridad jurídica. Esta claro que no creemos en el principio de igualdad en el peso de las opiniones, pero si nos parece importante señalar que, otra vez, ni siquiera la proclamada igualdad ante la ley se está cumpliendo.
La nueva desigualdad se expresa ahora con un componente de mérito que antes no se proclamaba: el inversor debe ser premiado, ya que es casi un benefactor social. Parece que en algún momento los principios inspiradores de la acción económica hubieran cambiado sustancialmente y la obtención del máximo beneficio con el menor costo se ha convertido en un principio moral. “Doy trabajo” dice el empresario, como si fuera una acción ética, un acto de generosidad hacia el trabajador y no la consecuencia necesaria de la inversión que realiza . Sea esto verdadero o no queda claro que la inseguridad jurídica no tiene nada de jurídica. Esta terminología puramente legal es producto de una típica operación de neutralización liberal y oculta su carácter político. Los actores económicos parecen exigir al gobierno que aclare, a cada momento, quien es su “amigo”, de qué lado está; esto, y no otra cosa, es también lo que significa el repetido latiguillo “generar confianza en los mercados” . La conducta de los actores económicos tiene poco de económica y si mucho de política en el sentido más específico de la palabra, pues remite a una división permanente de amigo y enemigo. Entre la seguridad jurídica de los trabajadores y la seguridad jurídica de las empresas se ha optado claramente por los empresarios, he allí una clara y límpida decisión estatal que explica en gran parte porque el Estado ya no representa lo general y es una “banda” más de las que actúan con suerte diversa en el mercado.
4) c
Renegociación de contratos
El concepto de contrato presupone el de negociación, las partes interesadas ceden en atención a lo posible y surge el acuerdo. Analicemos por un momento la posibilidad de una desigualdad notoria entre los contratantes. Pensemos en una negociación entre una sardina y una orca. ¿Alguien, seriamente, puede hablar de un contrato factible, que no sea simplemente sumisión, en esa situación?. Nos es lícito inferir que para que surja la negociación debe haber cierta paridad de fuerzas, de otra manera, la situación se asemeja al contrato de esclavitud, que sabemos, desde Rousseau, no es un contrato.
Además un contrato debe de mantener cierta estabilidad en el tiempo, los cambios en la estructura económica no deberían ser una argumentación válida para reclamar constantemente reconsideraciones y renegociaciones, pues también, de cambiar el correlato de la lucha de clases, estas nuevas leyes también tendrán una duración efímera; el anclaje que significa la ley pierde sentido. La victoria política de Menem hizo posible que se convenciera a la sociedad que la ley debía amoldarse a las necesidades del mercado que, obviamente, no eran las necesidades de toda la sociedad. El dogma que se impuso como sentido común igualaba las ganancias de las empresas al interés general. La actitud de los grandes actores económicos era justificada a partir del siguiente razonamiento: si ganamos más de lo esperado en el ejercicio económico anual nadie nos puede reclamar nada porque el beneficio es el “alma” del capitalismo Pero si ganamos menos de lo esperado, alguien debe reparar estas pérdidas pues podemos cerrar, despedir trabajadores y así ocasionar un mal mayor al gobierno y a la sociedad. Es un argumento realista en las actuales condiciones de globalización del capital pero inusitadamente violento, parte de una amenaza que se cierne sobre toda la sociedad, la justificación es similar a la que utilizaría la orca con la sardina, nada de derechos, te como, soy más fuerte, esa es la razón.
4).d
¿Acumulo, luego invierto?
Tampoco es claro, de ningún modo claro, que incentivar el ahorro es favorecer la inversión (esta cuestión del ahorro en la Argentina de hoy es de carácter trágico), verdaderamente no es una relación necesaria que se desprende de la naturaleza de las cosas. Se multiplican los ejemplos de países donde el nivel de ahorro es altísimo y la inversión es baja. Descubrir como los economistas nos han convencido de tan abstracta y falsa relación, supuestamente necesaria, justifica una investigación por sí misma. Vemos aquí, límpidamente, repetida la marca de la victoria político-ideológica del liberalismo menemista. Al lado de esta “relación necesaria” la creencia en la segunda venida de Cristo se transforma en un acto de racionalidad matemática.
Finalmente señalamos que los actores político-sociales parecen decir: si esta nueva ley o iniciativa gubernamental me conviene, la acato, sino veré como resuelvo que se anule y mientras tanto me reservo el derecho de no cumplirla. Está de más decir que un gobierno intentando convencer tímidamente a los ciudadanos de que cumplan las leyes es una imagen de un patetismo inusitado, la consagración de lo patético. ¡Si hasta se inventó una lotería con la intención de incentivar el pago de impuestos¡ La ley, en su generalidad, debe castigar el incumplimiento sin importar a la clase a la que pertenece el delincuente. De seguir en este sentido podría imaginarse una futura ley que premiara a los ladrones, que cometieran robos sin violencia, con un viaje de fin de semana a algún centro turístico, esto, de paso, nos acercaría un poco más a la igualdad ante la ley.
4) e
El necesario criterio de interés general
La singularidad de cada alianza es la que permite observar la legitimidad, la generalidad de ese interés y la capacidad de inclusión de actores sociales condicionan la aceptación de ese “interés general”. Para ejemplificar: sería imposible generalizar el interés de los exportadores de commodities, ellos ni siquiera necesitan un Estado y menos de un mercado interno nacional. Los banqueros que le prestaban al Estado criticaban el déficit fiscal que ellos mismo promovían y que les permitía que el Estado fuera el tomador de créditos por excelencia a tasas inconcebibles. A diferencia de los casos anteriores los importadores de bienes de consumo necesitan de cierta capacidad de compra de las familias Argentinas y los industriales nacionales lo mismo. La proporción en que se de preponderancia a estos intereses distintos sólo debe respetar el criterio obvio de conservar un consenso interno mínimo para hacer posible la reproducción social y estatal. Lo que ha pasado en Argentina es que ese mínimo de legitimidad que asegura la reproducción se destruyó, nadie podía pensar seriamente que un país es viable con un treinta por ciento de desocupación. Menos aún con baja de salarios y ajuste perpetuo, a esto se agregó la apropiación de los bancos de los ahorros de la clase media.
La estrechéz de miras de la dirigencia empresarial y de los gurúes económicos fue notable, desconocieron la necesidad de consensos y creyeron en verdad que la gente los iba a seguir por siempre. Hoy, algunos, los más reaccionarios pretenden continuar declamando la utopía del gran ajuste que termine con los grandes ajustes. Han pecado de excesivamente ideológicos, creyeron demasiado en su “magia”, y el mago no debe olvidar que lo que él hace no pasa en realidad, es sólo una ilusión, actuaron de tal forma que su única expresión ante lo real ha sido: “la realidad se equivoca”, expresión antipolítica por excelencia y dogmática por necesidad. Hasta ahora hemos dado cuenta del proceso de deslegitimación llevado adelante por los sectores empresariales y por la propia dirigencia del Estado. Nos falta analizar este proceso en la clase media que apoyo en forma notable el neoliberalismo de Menem, lo que se ha dado en llamar en los medios de comunicación la “fiesta” menemista, pero terminó virando en su posición hasta protagonizar los hechos del 20 de diciembre.
5) Deslegitimación por el medio
5).a
Clase media: “No somos masa”
En algunos sectores de los ambientes político-partidarios y asimismo en parte del mundo académico las movilizaciones de la clase media han sido juzgadas con sorpresa y desconfianza en tanto que otros actores político-sociales se han expresado con beneplácito y esperanza. Entre los críticos de los “cacerolazos” predomina la sorpresa por lo espontáneo y virulento del proceso, aunque observan con desconfianza lo ocurrido en la medida en que para ellos es lícito impugnar el protagonismo de un sujeto social, la clase media, que resultaría simple y certero identificar con los valores más conservadores y reaccionarios: individualismo extremo, nacionalismo chauvinista, nula capacidad de autorreflexión o critica, incapacidad para la acción política, etc.
El sujeto social tradicional que ha protagonizado los cambios en la historia reciente, o intentos de cambio - lo que hemos bautizado en el inicio del desarrollo como “crisis de la norma”- es la clase obrera. Distintas teorías políticas han incorporado a la clase campesina como posible motor de cambios; algunos más osados, incluso, han pensado en el lumpen proletariado, o los desclasados como potenciales enemigos del sistema capitalista, pero, raras veces, la clase media, excepción hecha del aprismo peruano.
Desde Jauretche en adelante uno de los deportes nacionales, junto al fútbol, ha sido pegarle a la clase media. Doña Rosa, uno de sus epítomes, apoyó incondicionalmente el proyecto menemista y ubicamos también en ella simpatías inocultables por el proceso de reorganización nacional. ¿Qué ha cambiado ahora para qué cientos de Doñas Rosas movilizadas se tornen peligrosas para el sistema? ¿Qué recorte del fenómeno hacen los que lo valoran positivamente? Independientemente de la clase social a la que pertenecemos, los que rechazamos la identificación de los cacerolazos como un hecho político sustantivo, la opinión crítica y desfavorable con los hechos del 20 de diciembre se basa en un concepto ético–estético y también en uno político-práctico. No es difícil reconocer en la actualidad un desprecio, apenas disimulado, por la clase media movilizada, de parte de muchos de los que hemos tenido militancia política anterior.
Hemos visto, por ejemplo, con bronca y dolor la violenta expulsión de las Madres de Plaza de mayo la noche del 20. Este desafecto por la clase media es compartido, incluso, por algunos de aquellos que se encuentran hoy apoyando a los “cacerolos”; ellos también desconfían de la identificación de la clase media como sujeto social con potencialidad transformadora. Sin embargo los pro-cacerolos, a pesar de tener reservas, juzgan positiva esta irrupción en el espacio público, señalando que en otro contexto histórico este sector social hubiera recurrido a los militares para ser representados.
En esta opción antihistórica (ya que se puede establecer un continuo entre golpe de estado y apoyo de la clase media) desfavorable a acompañar o promover un golpe de estado militar al viejo estilo, radicaría la potencialidad transformadora de la clase media movilizada, que por fin se habría decidido a participar democráticamente. No sería descabellado dudar de esta hipótesis y establecer otra, no contraria, pero, sin duda, menos heroica y principista: postulamos que al no haber un sector político que efectivice los anhelos de orden y progreso de los sectores medios, ellos han salido a la calle. De ser cierta esta hipótesis diríamos, sin equivocarnos, que las movilizaciones nada tienen de sustantivo y se enmarcan en la “crisis de aplicación de la norma”. Están motivadas más por una imposibilidad del contexto, puesto que los militares no están en condiciones operativas ni espirituales de intentar un golpe, que en una aspiración política de carácter general.
Debemos analizar también la posibilidad de que los sectores medios se estén movilizando genuinamente, es decir a partir de una toma de conciencia de la necesidad de la participación política. Pero, entonces ¿Cuáles son las imágenes que nos hacen sentirnos distantes de la clase media movilizada? Se los ha visto golpeando a los saqueadores y apareciendo en los medios realizando una taxativa y clara separación entre el “verdadero” pueblo (por ellos representado) y los saqueadores, calificados como simples “delincuentes”. Además abominan de cualquier identificación partidaria y escogen como único símbolo aceptado la bandera Argentina. Creo que todos sabemos que la bandera Argentina sólo puede adquirir significado político en contraposición a otra bandera nacional.
Además en los que juzgamos desfavorablemente las movilizaciones hablamos de un rechazo estético a la vez que ideológico de los “cacerolos”. ¿Por qué? Mujeres de gimnasio en vehículos todo terreno se agrupaban en Plaza de mayo, dialogaban con la policía intentando convencerlos de que pertenecen a un mismo bando (tal vez si). Rechazaban el llamado corralito pidiendo la devolución incondicional de sus ahorros (sin importar ningún costo), con la consigna “quiero ya mis ahorros”
Despreciaban a “todos “los políticos, diciendo “que se vayan todos” , ese es el origen de la consigna que hoy parece aglutinar a todo el arco opositor. Es oportuno y honesto reconocer que en ese universal se estaba despreciando a gente de un nivel ético muy superior al de muchos de los caceroleros; hablamos de muchos políticos y sindicalistas que en lugar de apoyar el golpe del 76 lo combatieron y lo sufrieron. No podemos dejar de señalar también que algunos de los que apoyan este movimiento son militantes históricos de trayectoria intachable.
5) b
El elogio incondicional de la movilización
Para comenzar una comparación que justifique la desconfianza o el recelo hacia los sectores medios sería bueno recordar la profusión de banderas Argentinas el día en que Galtieri atacó las islas Malvinas y “espontáneamente” una muchedumbre se concentró en Plaza de Mayo. Pensamos que no es válido conceptuar que lo bueno absoluto es la “movilización espontánea”, sería sostenerse en una pura abstracción, pues no toda “movilización espontánea”, creemos que no hace falta aclararlo, posee perfiles progresistas. Tenemos un panorama posterior al 20 de diciembre en donde tanto la izquierda moderada como la izquierda revolucionaria apoyan y ponen en un lugar central el problema de los ahorristas. El Estado es el enemigo que los aúna, pensamos que hay cierta contradicción, ¿o acaso de haber un futuro gobierno de izquierda respetaría en forma absoluta los “sagrados” derechos de propiedad? ¿No están socavando las bases de una futura acción de gobierno que podrían llevar adelante?
El Estado también es el “enemigo” de los empresarios y de los intelectuales liberales. Extrañamente los empresarios que plantean la necesidad de eliminar la intromisión del Estado en el mercado no entienden, o no toman conciencia en absoluto que el mercado por sí mismo es nada. Si bien el liberalismo no es una teoría política, como ya lo señalamos, sino una teoría crítica de cualquier política, en general la mayoría de sus cultores europeos –a diferencia de los nacionales- han comprendido que en última instancia necesitan del Estado y aunque reducen sus funciones a la seguridad, no es poca cosa el asegurar la continuidad en la vida de los capitalistas.
Estado, aunque sólo sea vigilante nocturno
Un estado absolutamente debilitado ni siquiera puede dar seguridad en las calles como se observa en la actualidad, va de suyo que los más afectados por la llamada “ola de inseguridad” son los que tienen, los que poseen bienes y por eso pueden ser despojados de ellos. Con un Estado debilitado, casi inexistente, la alternativa para los que acuerdan con esta situación, incluso la promueven, es confiar en la total privatización del interés general, intentado que los grupos particulares dialoguen y acuerden entre todos una idea de país. Tal vez estén pensando en una país posible en donde los grupos de poder negocien autolimitándose, nos parece que a la luz de lo ocurrido desde el 20 de diciembre, no cabe duda de que se trata de algo alocado e insensato. No sólo se escuchan tonterías como la anterior, algunos suben la apuesta y en el calor de la lucha política diaria surge la irreflexiva consigna: “piquete y cacerola la lucha es una sola”. A pesar de que existe la consigna es preciso señalar que en los actos de este último año no ha habido oradores y han marchado, el mismo día, por lugares distintos. ¿ese es el grado de unidad que marca la consigna “la lucha es una sola? Por ahora parecen no ser muy unidos.
¿Qué significa entonces esta consigna? ¿Se pretende acaso que piqueteros y cacerolos pueden dirigir el país?, nos parece, sencillamente, irresponsable, o, ¿acaso lo que estos grupos reclaman supera el marco estrecho de los planes trabajar y la devolución de plazos fijos? Tanto una como otra pretensión, la de los grupos económicos que identifican sus negocios con los intereses de la nación, como la de piqueteros y cacerolos, que no pueden ver más allá de sus necesidades actuales, no comportan, en modo alguno lo hacen, un proyecto viable de país.
Lo que está sucediendo es que cada grupo social realiza acciones fundamentadas en su puro interés sectorial y señala como enemigo al Estado que, sostienen, debería hacer lo que ellos consideran necesario. De tal forma el Estado es incapaz de llevar adelante una política en el tiempo y se desacredita ante los ojos de los otros sectores que se sienten, ahora con más fuerza, legitimados para llevar a cabo idéntica estrategia, como vemos un verdadero despropósito.
La clase media afectada por el corralito reclama sus depósitos sin fijarse en costos, los bancos le exigen al gobierno una solución que lo “salve” del retiro masivo, el Fondo Monetario Internacional exige rigurosidad fiscal, los piqueteros reclaman planes de empleo, podríamos ampliar la lista de reclamos “legítimos” y “racionales”.¿ Cree alguien seriamente que todo esto se puede satisfacer a la vez? Pensamos que todos sabemos que no, incluso los mismos que reclaman, pero la lucha política diaria, por lo menos en esta época de la Argentina, tiene esta dinámica de la inmediatez y por lo tanto de la imposibilidad.
5) c¿ Una izquierda liberal?
“y es siempre un peligro o riesgo, un acto de valor, del que, como se observa, se retraen o intentan retraerse los tímidos y los medrosos, que quisieran estar muy seguros de lo que hacen. Y no encontrando esa seguridad por ninguna parte, resuelven esperar que los hechos mismos les digan lo que deben hacer, esto es, a que se hagan sin ellos. Después tendrán que optar o hacer por lo menos esto: acomodarse a lo acaecido.”
Incluso las nociones conceptuales claras de la ideología se han difuminado: la izquierda, ayer teórica, hoy sede a la confusión, ya no es vanguardia y se permite libertades impensadas, como encarar una política de seguidismo de la clase media a la vez que define la situación actual como potencialmente revolucionaria. Si esto no fuera así no se entiende el apoyo total a los ahorristas. La cuestión es la siguiente: parece necesario interrogar tanto a los partidos políticos trotzkistas y marxistas como a algunos intelectuales favorables a los cacerolazos, para que expliquen y justifiquen como han cambiado tan súbitamente de opinión. ¿O es que ahora consideran, con Locke o Von Hayek, que la propiedad privada es el derecho más importante, superior incluso al derecho a la vida? Porque en una situación como la actual estos dos derechos se ponen en contradicción y filosóficamente, también, la libertad y la seguridad. ¿O no es para todos claro que los llamados al orden y a la seguridad, o a la paz, son reclamos autoritarios que en definitiva piden “mano dura”?
Los cacerolos, reafirman en sus movilizaciones que el derecho de propiedad es un derecho constitucionalmente protegido, estamos de acuerdo. Sin embargo el Estado Argentino, en su desarrollo histórico, en reiteradas oportunidades ha conculcado derechos consagrados en la Constitución Nacional. El derecho a la vida, a la identidad o todos los derechos consagrados en el artículo 14 bis no han provocado la repercusión que ha tenido en el grupo cacerolo la conculcación de los ahorros. Parecería claro que privilegian ese derecho por sobre otros que han ignorado a sabiendas, conscientemente. Actitud ideológica respetable, aunque no la compartamos, pero ¿por qué pedirle al resto de la sociedad que haga suyo el reclamo sobre la vulneración de la propiedad privada? El “Punto Final” o la “obediencia debida” no fueron rechazados en forma pareja, ni con semejante vehemencia. ¿Podemos deducir de aquí que para los sectores medios es más importante la propiedad que la vida?
Los intelectuales y partidos de izquierda ,¿ Son ahora y para siempre defensores acérrimos del derecho de rebelión contra cualquier gobierno, incluido uno socialista?. La respuesta puede ser afirmativa, sorprendidos, hemos escuchado a respetados líderes de la izquierda afirmando que estamos en una situación tal que el poder constituyente ha vuelto al pueblo. De estas respuestas se puede desprender una análisis certero de los hechos del 20 de diciembre y del movimiento de las asambleas barriales .¿Están analizando que hay allí una protorevolución a la que sería valedero acoplarse porque es portadora del germen del cambio? La respuesta también parece ser, en el caso de la izquierda, afirmativa.
En buena parte de los trabajos de análisis sobre los hechos de marras se deja sentado que se trata de un movimiento espontáneo integrado básicamente por los propios votantes de la alianza gobernante. El presidente dura cuatro años en funciones. Si convalidamos estas movilizaciones no corremos el riesgo de convalidar un “raro” principio que diría más o menos así: “me puedo cansar de que el gobierno que voté sea ineficiente y no cumpla las promesas preelectorales, dada esa situación, estoy habilitado a voltearlo”. Realizando un acto de honestidad intelectual deberíamos reconocer que no es nada nuevo, es simplemente el mismo principio que legitimó, por ejemplo, el golpe de estado de 1976. En este sentido no podemos menos que decir que a pesar de que consideramos auspiciosa la participación política de la clase media seguimos desconfiando de ella si se la quiere presentar como un sujeto social con potencialidades transformadoras. Por lo menos hasta el presente lo único que se observa es el éxito entre los ahorristas de un actor cómico devenido representante que reclama la devolución de los depósitos fundamentando sus posiciones en la Constitución Nacional y en el “sagrado” derecho de propiedad.
6) a
Conclusiones
Una vez más la oposición entre Democracia y Liberalismo
“Una teoría pluralista es, o una teoría del estado propia de un estado llegado a la unidad a través de un federalismo de grupos sociales menores, o bien sólo una teoría de la superación y del fin del estado.”
La democracia moderna intenta congeniar, con éxito diverso, conceptos distintos como son igualdad y libertad, en ese orden. El liberalismo, que como afirmamos es el macroconcepto con que se piensa a sí misma esta época, tiene como principio fundante la libertad, la igualdad sólo tiene sentido respecto de las oportunidades, no de los resultados. La democracia presupone homogeneidad (igualdad), el liberalismo heterogeneidad (libertad y por lo tanto desigualdad). Estas afirmaciones son reconocidas por teóricos políticos de las más diversas tendencias ideológicas así que no vale la pena profundizar más sobre ellas. Podemos deducir entonces que el gobierno del pueblo presupone una indiferenciación, propia del concepto “pueblo” y que excluye la posibilidad de grandes electores o de votos calificados de los mercados como en la actualidad. Damos por probado entonces que la mutación sufrida por la democracia Argentina a “democracia ratificadora de los mercados” es una de las causas fundamentales de la deslegitimación del Estado. No estamos realizando una defensa de las gestiones a cargo del Estado desde la recuperación democrática sino de la Idea misma de Estado como instrumento y como objetivo de lo general.
La “democracia ratificadora de los mercados” ocasionó un serio daño a las expectativas de los ciudadanos sobre la estatalidad. En efecto la aspiración de igualdad propia de las sociedades democráticas se ve seriamente afectada cuando se hace demasiado obvio que la voz de los poderosos es la única escuchada. Ni siquiera la igualdad ante ley se preservó, de hecho es cada vez más notorio para la ciudadanía que existen “distintas” legalidades según el grupo al que pertenezca el acusado o el damnificado. Es el momento de preguntarnos ¿ Desde qué teoría o justificación argumental estos actores sociales o económicos poderosos se arrogan para sí mismos este nuevo derecho ilimitado de revisión, interpretación y, en última instancia, desconocimiento del orden legal vigente, del que hemos hablado?. No cabe duda que lo hacen desde el puro poder, hacer lo que prohíbe la ley tiene ya un nombre: delito, no derecho. Es obvio que cualquier ordenamiento legal tiene un basamento común: cumplir los contratos, sino es imposible pensar la proyección en el tiempo de la socialidad. Además, el único que puede desconocer la ley, en casos límite, es el Estado, el no esta obligado por ninguna instancia superior legal.
Si se concuerda conmigo en que siempre hay soberanía, que en ese sentido el poder no es un lugar vacío, podríamos verificar entonces un corrimiento de la soberanía desde el gobierno hacia los actores económicos grupales o individuales. Este aserto entra en colisión con otra afirmación de principios reconocida por toda la modernidad que es la siguiente: si existe la soberanía, el pueblo es el depositario. Sólo una confusión mental, típica de los economistas, podría equiparar “pueblo” a “mercado” o, más precisamente, a actores económicos de peso en el mercado.
Sin embargo parece claro en la actualidad que cualquier intervención en el “libre juego de la oferta y la demanda” (las comillas son porque creemos haber probado que no es tan “libre” y además tampoco es un “juego”) descontrola a los mercados (son varios, y como ya señalamos, de intereses distintos) y el gobierno debe acompañar las tendencias, nunca contradecirlas.
La democracia ha sufrido una profunda transformación entonces y es hora de reconocerla, el nuevo mecanismo sería más o menos así: el pueblo en elecciones decide la selección de una serie finita de dirigentes; éstos realizan propuestas que los “mercados” ratifican o rectifican, pero los “administradores” deben ser cautos a la hora de innovar pues el riesgo es siempre un descontrol de las variables económicas. Va de suyo que necesitamos un nuevo nombre para este extraño procedimiento, de allí que propusimos hablar de “democracia ratificadora de los mercados”, para calificar a esta nueva forma de gobierno. La designación de un nuevo ministro de economía plantea una interesante comprobación del fenómeno que damos cuenta. Los principales analistas económicos, llamados casi irónicamente “gurúes” -parece no llamar la atención la escasez de presencias de analistas políticos en los medios de comunicación-, realizan un discurso autoreferencial que impresiona, dicen: “si el nuevo ministro lleva adelante las medidas de ajuste que nosotros y los mercados decimos que tiene que tomar, entonces tendrá éxito y la situación del país mejorará; pero si se deja tentar por llamados populistas o politicistas, entonces los mercados dejarán de apoyarlo y su situación se hará precaria”.
La pregunta obvia es: si el gobierno, que ha subido al poder con la aprobación del total de los votantes, realiza su acción para ser ratificado por una minoría selecta, ¿seguimos en una democracia?
Nada tiene de democrática esta ratificación perpetua de los mercados, ¿para qué se convoca a los ciudadanos a elecciones en donde, como ya dijimos, deben elegir entre variadas formas del ajuste?
Las formas políticas están estructuradas según principios, son factibles allí limitadas mixturas, en tal caso, sabemos con Rousseau o Schmitt, pero también con Montesquieu o Tocqueville que la democracia es, por lo menos en una definición acotada, el gobierno de la mayoría. Este aserto tan obvio se desnaturaliza cuando alguien fundamenta que satisfacer las aspiraciones de la mayoría del pueblo es “demagogia”. Cabría decir que se trata simplemente de una opinión negativa de alguien que se cree poseedor de una “verdad” incontrastable, no sometida a opinión.
La fachada de igualdad se cae, ya no hay un democrático delantal y entonces se ve la calidad y el costo de la ropa. Esto provoca sufrimiento, dolor, pero además rencor de clase y por lo tanto, lucha. Estamos ante una multiplicidad de interese mezquinos, grupales, dentro de todas las clases, y el Estado se muestra impotente, incapaz de ordenar nada ni a nadie. El gran monstruo bíblico, “el rey de los soberbios” del libro de Job, convertido en un animalito doméstico mendicante.
6) b
Multiplicidad y asambleísmo como resultados de la desaparición
Con la desentronización del Estado ha aparecido multiplicidad de expresiones tal vez inexistentes anteriormente, tal vez soterradas, pero que tienen como factor común, en este momento de su desarrollo, un convencimiento pleno respecto de sus posibilidades de acción independientemente del Estado. Las asambleas se presentan como un parlamento alternativo, los vecinos autoconvocados reemplazan funciones de seguridad que son propias de la policía, las fábricas autogestionadas realizan la doble tarea de ser obrero y capitalista, en las universidades se debaten ideas que plantean la inconveniencia de la separación entre profesores y alumnos, los planes de asistencia social son gestionados por OSC territoriales. La nueva verdad de la política reza: “todo se vota”. A esto hay que sumarle un rechazo general del concepto de autoridad, la única autoridad que se reconoce es la que surge de la asamblea de los “protagonistas”, que tienen los “mismos” intereses.
Sin embargo se le sigue pidiendo al Estado, pero sólo se le pide dinero para gestionar proyectos que la propia sociedad civil, dividida en numerosas agrupaciones, realizará. El Estado ya no puede hablar por todos, es más, se insiste en que cada grupo debe hablar por sí mismo, parece que la “nueva política” encuentra algo sustantivamente superior en que los individuos asociados realicen tareas particulares con objetivos autodefinidos. De allí que no resulte extraño que en las últimas manifestaciones del año en curso no haya habido oradores, y, hasta actos separados. Pues ¿cómo pretender un discurso unificador a partir de premisas que rechazan toda unificación?, por lo menos provisoriamente podemos decir que se trató simplemente de caminatas de gente que está en contra del Estado abstractamente. No hay espacio para la negociación de un proyecto común porque esto implicaría el final del asambleísmo y, necesariamente, la creación de una autoridad, tan siquiera en la forma de confederación. A la consigna que los une, “que se vayan todos”, parece apropiado completarla con el “y después vemos que hacemos”.
6) c
El discurso de la propiedad privada
Al final del punto 5 dejamos planteada la pregunta ¿Puede la clase media protagonizar un cambio importante en el sistema político? ¿Cuál es la significación precisa de estas movilizaciones y cacerolazos?
Es evidente que la reivindicación generalizada, “devuélvanme mi dinero”, la clase media expresa que se siente estafada en su buena fe, se siente víctima de un robo. A este fin es interesante recordar la expresión acuñada por Jorge Asís “Estado carterista”, me parece de interés en la medida en que propone una identificación interesante aunque discutible: el robo en tanto acto estatal. Esta es otra huella más del triunfo ideológico menemista y no podemos coincidir, debemos señalar que el Estado no roba (acto privado ilícito)), sino que, en todo caso, expropia de acuerdo a una ley (acción pública lícita). Un Estado reformista o revolucionario no podría renunciar al recurso de la expropiación y, mucho menos prometer al pueblo un respeto absoluto por la propiedad privada, lo único absoluto para Estado –incluido el liberal- es su propia supervivencia.
Volvemos al concepto de estafa: tal acto es un delito contra la propiedad de carácter privado, y este no ha sido el caso ocurrido en la confiscación de ahorros de la clase media. Detengámonos un poco sobre este último punto. La estafa tiene un componente conceptual más que interesante: se necesita de la creencia, de la legitimidad o de cierta ingenuidad referida a la persona del estafador.
La clase media ha confiado en el discurso de la intangibilidad de sus bienes y activos personales, por eso se siente estafada, no ha tomado cuenta del origen político, público, de aquello que concibe, erróneamente como “privado”.La propiedad no es la relación entre un sujeto de derecho y una cosa, es, y hoy es penosamente claro para muchos, una relación entre diversos sujetos de derecho garantizada únicamente por el Estado. Hay propiedad porque hay Estado y no al revés, nadie debería olvidarlo.
Lo que estamos viendo hoy son los resultados de la impotencia del Estado cuando la sociedad avanza irreflexivamente sobre él. El Estado en modo alguno existe para llevar adelante los fines de cada uno de los grupos o clases que integran la sociedad, a él le cabe definir qué es el interés general y como efectivizarlo. Si el estado se declara impotente o prescindente en este punto álgido y atiende, o intenta hacerlo, precariamente, todas las demandas sociales, se convierte en un poder más de los existentes, es decir, en nada. El “olvido” del Estado como realizador del interés general nos ha llevado a situaciones perfectamente evitables y en algunos casos, ridículas.
Veamos: resulta un tanto innecesario señalar que la capacidad de ahorro de unos convive y también significa la pobreza de otros. Pero todo se ha mezclado de forma surrealista y entonces, increíblemente, los intelectuales de izquierda que están apoyando a los caceroleros deben reconocer que lo hacen desde la teoría de Locke y no desde Marx. Tal vez, asistamos perplejos a la rehabilitación del marxismo clásico llevada adelante por los intelectuales del CEMA, algo de eso está ocurriendo cuando ¡ Avila ¡ es el que dice que los ahorros no se deben devolver.
6) d
El movimientismo y, ¿la autonomía?
La “desaparición” del Estado trajo también una auge de la solidaridad social expresado en cientos de asociaciones que asisten la pobreza creciente. En ellas se destaca un amplio deseo de independencia del Estado o de las organizaciones políticas existentes y una supravaloración de los conceptos de autonomía y horizontalidad. Autónomos, no se sabe bien de qué, y horizontalistas porque allí, como en las asambleas barriales, también todo se discute y luego se vota.
La solidaridad social sin la mediación del Estado se convierte en beneficencia o en caridad. Los impuestos significan una redistribución de los ingresos generados socialmente, los resultados de la lucha política son decisivos para ver si la distribución de la renta nacional favorece a las clases populares o a los poderosos económicamente. Por eso pensamos que ocuparse de la pobreza sin ocuparse del Estado es beneficencia o caridad. Observamos en este punto la extraña coincidencia de los hegemónicos con los hegemonizados respecto de la falta de importancia del Estado, como si se pudiera pensar lo político ignorándolo. El CEMA( el liberalismo teórico más extremo) y los grupos movimientistas -construir más allá del estado es su consigna- coinciden en que la pobreza es una asunto de la sociedad civil y no del Estado.
¿Cuál es el ideario político de los “movimientistas” ? Rechazan la obsesión por el poder ya que les parece falso el precepto que dice que a partir de la toma del poder todo cambiará, son buenos lectores de John Holloway cuyo último libro tiene un título más que contundente: “Cambiar el mundo sin tomar el poder” Descreen del sistema de representación en tanto que se desconecta fácilmente (y se olvida) de los representados. Piensan que ya no tiene sentido utilizar el concepto de excluidos porque se preguntan ¿adonde habría que incluirlos? Por supuesto que la construcción ideológica movimientista es mucho más amplia que esta acotada reseña, pero nos parece suficiente a los fines de nuestro trabajo para postular que se trata de una ideología fundamentalmente antiestatal y antipolítica, por lo menos en el sentido clásico del término política. La “polis” es algo más que la suma de grupos de la sociedad civil, si política es un término que presupone la comunidad, ¿cómo puede ser política una concepción que descree y critica la existencia de lo común exaltando los beneficios de la multiplicidad? Las coincidencias de los “movimientistas” con el anarquismo y el liberalismo puro son más que evidentes respecto de la negación del Estado que los aglutina y del convencimiento sobre la imposibilidad-inutilidad de promover un concepto de “interés general. La crítica central que realizamos a estas concepciones es que la multiplicidad festejada no era algo que existía previamente a la desentronización del Estado, fue un hecho político producido por la acción de la “democracia ratificadora de los mercados” y el triunfo ideológico del liberalismo menemista. En nuestra terminología no entendemos como se podría pasar de la “crisis de aplicación de la norma” a la “crisis de la norma” partiendo de esas premisas ideológicas. Ignorar al Estado es, sin duda, funcional a la ideología liberal que también festeja la existencia de asociaciones libres de individuos con fines de asistencia social y expresión cultural. El Estado penetrado en su accionar de ideología liberal produjo la aparición de la pura multiplicidad social, de la pobreza absoluta para millones de argentinos y de la “necesidad” de combatirla privadamente, sólo un Estado distinto podrá revertir la situación.
Bibliografía Utilizada
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Cole, G.D.H.: “Historia del pensamiento socialista”. Fondo de cultura económica”, México. 1980.
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Hegel, G. W. F.: “Lecciones sobre la filosofía de la historia universal”. Alianza Editorial. Madrid, 1999.
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Friedman, Milton y Rose: “Libertad de elegir”. Planeta-Agostini. España, 1993.
Kelsen, Hans: “Teoría pura del derecho”. Eudeba. Buenos Aires, 1983
Novaro, Marcos: Artículo “Menem y la disolución de la alteridad populista”. Revista “El ojo furioso”, número de invierno del 96
Schmitt, Carl: “El concepto de lo político”. Editorial Struhart. Buenos Aires, 1985.
Schmitt, Carl: “Catolicismo y forma política”. Editorial Tecnos. Madrid, 2000
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